Pradas acusa a Argüeso de querer cargar con toda la culpa de la gestión de la dana
Pradas rechaza que Argüeso le atribuya la responsabilidad exclusiva de la gestión de la dana del 29 de octubre en un recurso ante la Audiencia.
La exconsellera de Justicia e Interior y actual investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, ha presentado un escrito en el que se opone a un recurso de apelación de Emilio Argüeso, su antiguo número dos y también imputado. Pradas sostiene que Argüeso pretende atribuirle la responsabilidad exclusiva de la gestión de las riadas del 29 de octubre de 2024, algo que, según su defensa, no se ajusta a la normativa ni a los documentos del caso.
El recurso se dirige contra un auto de la magistrada de Catarroja que instruye la causa, fechado el 13 de octubre, y que resolvía sobre diligencias solicitadas por la acusación popular Acció Cultural del País Valencià. En su recurso, Argüeso pedía a la Audiencia que declarase que, tras la activación de la situación 2 y la constitución del Cecopi, la dirección y el mando de la emergencia correspondían de forma exclusiva a Pradas. La defensa de la exconsellera considera que esa petición debió inadmitirse y reclama su desestimación.
El núcleo del debate es la delimitación de competencias durante la jornada de la dana. Según el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones, en las fases de preemergencia y en las situaciones 0 y 1 la dirección operativa se delegaba en el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, cargo que ocupaba Argüeso. La situación 2, sin embargo, no se extendió a toda la provincia de Valencia hasta las 19.00 horas, lo que, a juicio de la defensa de Pradas, obliga a atender al territorio y a la hora concreta antes de fijar responsabilidades.
La defensa de Pradas añade otros argumentos. Niega que su antecesora en el cargo ostentara un monopolio sobre el envío de alertas ES-Alert y sostiene que la documentación de la convocatoria del Cecopi se remitió siguiendo instrucciones del director de la agencia. Invoca además la presunción de inocencia y el carácter personal de la responsabilidad penal, de manera que cada investigado debe ser examinado individualmente.
Lo que está en juego trasciende la defensa procesal de dos cargos imputados. El reparto de responsabilidades entre la conselleria y la agencia de emergencias es uno de los ejes políticos y judiciales de la gestión de la dana, con consecuencias sobre cómo se interpretan las decisiones de aquella jornada. La Audiencia deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso y sobre si procede fijar una atribución de competencias en esta fase de instrucción, un paso que marcará el rumbo de la investigación y del debate público sobre la respuesta institucional a la tragedia.