Las medidas de urgencia en materia urbanística y la organización de servicios sanitarios y educativos se tramitarán como proyectos de ley, según ha trascendido tras la reciente sesión plenaria de Les Corts.

En un pleno que tuvo lugar el pasado jueves en València, se aprobó la convalidación de siete decretos emitidos por el Consell, la mayoría de los cuales están centrados en la recuperación de la Comunitat Valenciana tras la devastadora dana que afectó la provincia de Valencia el 29 de octubre. Entre estos decretos destaca aquel que autoriza un aumento de la deuda de la Generalitat en 700 millones de euros, con el objetivo de financiar gastos excepcionales relacionados con la reparación y reconstrucción de las áreas damnificadas por las inundaciones.

Los decretos abarcan una serie de medidas extraordinarias que tocan aspectos vitales, como la gestión del personal en el Sistema Valenciano de Salud y la organización de los servicios sanitarios y educativos tras la catástrofe natural. También se incluyen disposiciones para restablecer las infraestructuras eléctricas y medidas urbanísticas urgentes que faciliten el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas.

Se ha convalidado, además, un decreto ley que permite incrementar la deuda regional en 700 millones de euros, así como otros que abordan la mejora de la fiscalidad verde, la prórroga de la gratuidad del transporte público para los jóvenes y modificaciones en la autorización de creación de Fira Alacant y Feria Valencia.

Sin embargo, el decreto relacionado con las medidas extraordinarias para la gestión del personal público fue finalmente retirado del orden del día, tras el anuncio del Consell de que se había reestablecido el límite salarial para los altos cargos. Esto ha generado cierto debate y discusiones en el ámbito político sobre la adecuada gestión de recursos en tiempos de crisis.

El decreto referente a los 700 millones fue aprobado por unanimidad, reflejando una inusitada cohesión entre los grupos presentes, aunque el decreto de transporte recibió el apoyo de Compromís, Vox y el PP, con el PSPV en contra. La mayoría de las aprobaciones se debieron a la colaboración entre los antiguos socios de gobierno, el PP y Compromís, aunque solo dos de los decretos serán tramitados como proyectos de ley: el de servicios sanitarios y educativos y el de medidas urbanísticas, a petición de todos los grupos legislativos.

Durante el debate, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, defendió la necesidad del decreto de 700 millones, calificándolo como "el instrumento más apropiado" para financiar las acciones de reconstrucción. En este sentido, instó a todos los grupos a ejercer una responsabilidad que esté a la altura de los retos que enfrenta la Comunidad, asegurando que las decisiones del Consell tienen como única finalidad aliviar el sufrimiento de los afectados y devolver la normalidad en el menor tiempo posible.

Merino enfatizó que esta medida no atiende a intereses ideológicos ni partidistas, sino que se constituye como la única herramienta disponible en una situación crítica. Además, lanzó una crítica hacia la administración central, acusándola de "chantajear" a la Generalitat al condicionar las ayudas previstas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, el PSPV ha destacado que, gracias a las aportaciones del Gobierno de España, la Generalitat podrá ofrecer asistencia a vehículos afectados por la dana, algo que de otra forma no sería posible por falta de presupuesto. Compromís apoyó la necesidad de aumentar la deuda, argumentando que no hay inconveniente en ello si se trata de servicios públicos tras una catástrofe, aunque se comprometió a fiscalizar los fondos. En contraste, Vox consideró que el importe asignado es "muy corto e insuficiente", advirtiendo que estas ayudas solo conducen a una espiral de más deuda en la comunidad.

En lo que respecta al decreto urbanístico, Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, subrayó su urgencia, indicando que "no caben dilaciones" y resaltando la necesidad de establecer mecanismos "específicos y exclusivos" para la tramitación rápida de los instrumentos necesarios. Defendió que estas medidas son "precisas, urgentes, necesarias y extraordinarias", formulando soluciones para el corto plazo ante una "situación excepcional".

En concreto, el decreto contempla la creación de planes especiales urbanísticos de reconstrucción, introduciéndolos con carácter inmediato como un mecanismo flexible que facilite la obtención de suelo destinado a la construcción de viviendas o zonas industriales. Además, se establecerá la figura de Proyectos de Reconstrucción Local (PRL), que permitirán a los municipios afectados utilizar suelo vacante calificado como equipamiento para la edificación de residencias.

Durante el debate, el Partido Popular defendió que las medidas que siguen a la dana no deberían prolongarse innecesariamente, siempre en coordinación con los ayuntamientos y el Estado. "No se trata de un urbanismo depredador, es un urbanismo de control", manifestaron ante las críticas de la oposición, mientras que Vox también respaldó la norma, subrayando que también protege a las personas implicadas.

En cambio, el PSPV alertó sobre los riesgos que implica este decreto, ya que podría permitir reparaciones en construcciones fuera de orden, sin cumplir con las normativas anti-inundaciones, y se mostró escéptico acerca de la capacidad de los ayuntamientos para llevar a cabo recalificaciones en solo nueve meses. Compromís coincidió en señalar que este decreto podría "regalar" suelo dotacional a intereses privados para la construcción de viviendas, acusando al Consell de trasladar el peso de la reconstrucción a los consistorios, lo que consideran que resultará en "medidas calamitosas" para el pueblo valenciano.