Las comunidades de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía han presentado una firme oposición a las nuevas normativas sobre el trasvase Tajo-Segura, considerándolas como acciones "insolidarias e ideológicas".

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha manifestado que estas medidas constituyen "uno de los mayores ataques" que el gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado contra estas regiones, describiendo el impacto como una amenaza a su forma de vida tradicional.

Según Mazón, el hecho de que observemos un desprecio continuo hacia la problemática de la DANA y las inversiones necesarias ha escalado a lo que él califica como un ataque frontal al futuro de sus comunidades. "Estamos ante un momento crucial que no podemos ignorar", agregó.

El líder del Consell ha instado a toda la sociedad, en particular a los habitantes de Alicante, Murcia y Almería, a unirse en la defensa de sus intereses frente a lo que considera un atropello. Se comprometió a movilizar cada recurso a su disposición en tal tarea.

Mazón enfatizó que esta situación no solo afecta a los agricultores y regantes, sino que es un ataque a las bases de la vida cotidiana en la región. Prometió que su administración utilizaría todos los canales disponibles para hacer frente a esta nueva normativa.

Asimismo, hizo un llamado a “toda la población” y, de manera muy especial, a los representantes socialistas en el Congreso, pidiendo que no se avasallen los derechos de estas comunidades apoyando decisiones tan perjudiciales. “Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas", aseguró firmemente.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, unió su voz a la de sus homólogos de Murcia y Andalucía, quienes también han criticado la "imposición de decisiones unilaterales" que vendrían a afectar la economía, el empleo y la estabilidad de miles de familias que dependen del recurso hídrico.

Barrachina subrayó que no es posible gestionar el agua desde oficinas en Madrid sin tomar en cuenta a quienes se dedican a la producción agrícola que alimenta a todo el continente. Calificó estas nuevas reglas como un ataque directo a los agricultores, quienes han demostrado competencias en el uso responsable y sostenible del agua.

El conseller insistió en que "lo que se demanda es justicia hídrica". Afirmó que el agua necesita ser administrada con sabiduría y no como un instrumento político que beneficie a intereses partidistas.

A pesar de su disposición al diálogo, las tres comunidades resaltaron que no aceptarán imposiciones que socaven su sector agroalimentario y comprometan el abastecimiento de millones de ciudadanos.

Desde la Generalitat se ha indicado que la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica complica enormemente los parámetros para dar luz verde a los trasvases, lo cual iría en detrimento del equilibrio territorial y la justicia hídrica.

Una de las modificaciones clave incluye el endurecimiento de los requisitos para autorizar el trasvase máximo de 60 hectómetros cúbicos, que solo será posible con ciertas condiciones sobre las reservas en Entrepeñas y Buendía. Además, se establece una reducción progresiva en el volumen permitido a partir de 2027.

El conseller Barrachina concluyó afirmando que estas decisiones podrían poner en riesgo la continuidad del trasvase Tajo-Segura y demuestran un claro deseo de restringir el uso de un recurso vital para el desarrollo de sus comunidades autónomas.