Los eventos trágicos que conducen a la muerte de un joven de Elche (Alicante) han puesto a la Policía Nacional en el foco de una controversia significativa. En agosto de 2017, el joven se encontraba en su hogar en una situación de intensa agitación, lo que llevó a sus padres a solicitar ayuda de Emergencias, provocando la llegada de un dispositivo policial.

Al llegar al lugar, la situación se tornó complicada cuando el joven se refugió en el sótano de la casa. Ante la resistencia que mostró, los agentes de policía utilizaron la fuerza para desarmarlo, consiguiendo quitarle una navaja. Sin embargo, en el transcurso de la reducción, el joven fue sometido a una presión excesiva sobre su cuello, mientras estaba esposado de pie y manos, lo que llevó a su lamentable fallecimiento.

Un análisis de la actuación de los agentes ha llevado al Ministerio del Interior a reconocer una "extralimitación" en el uso de la fuerza por parte del agente responsable, quien actuó junto a otros tres policías. Según la investigación, este comportamiento no se ajustó a las normativas establecidas, lo que resultó en un daño irreversible para la víctima.

La resolución del Ministerio, a la que ha tenido acceso Europa Press, establece que, a pesar de que el caso fue archivado en los tribunales debido a un accidente que incapacito al agente cuyo accionar directo se cuestionó, hay un vínculo directo entre la conducta de los policías y la muerte del joven. Por ello, se ha determinado que los familiares podrán recibir una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado.

Los hechos relevantes datan del 2017, cuando el joven, debido a su estado mental, se vio involucrado en un altercado que resultó en la intervención policial. A pesar de que la situación era volátil, los padres esperaban que la intervención policial protegiera a su hijo y a ellos mismos, pero el desenlace fue trágico.

El informe forense señaló que la causa de la muerte del joven se debió a un "mecanismo de muerte violento", resultante de la presión ejercida en su cuello por uno de los agentes. Esta información ha reafirmado la responsabilidad del personal policial en el incidente y ha llevado al Ministerio a emitir sus conclusiones sobre la falta de protocolos adecuados.

A pesar de que los tribunales absolvieran a los agentes implicados, el Ministerio de Interior ha decidido reconocer el sufrimiento de la familia, argumentando que la muerte no se debió al consumo de drogas o alcohol, sino exclusivamente a la presión ejercida durante la detención.

La defensa de los familiares del joven aboga por que se reconozcan las fallas en la intervención policial. Ellos argumentan que las lesiones que llevaron a la muerte ocurrieron cuando el joven ya estaba bajo custodia, y por lo tanto, indefenso frente a los agentes.

Con base en los hallazgos médicos y el análisis de la conducta policial, el Ministerio ha determinado que es indiscutible que la muerte del joven es de origen violento, generando así un marco legal para el resarcimiento a la familia por los daños sufridos durante el procedimiento policial.

Frente a muchas narrativas sobre el uso de la fuerza en la gestión de situaciones de crisis, este caso resalta la necesidad de revisar y reforzar los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La integridad y el respeto a los derechos humanos deben ser siempre primordiales, incluso en circunstancias difíciles.