La voz de la sociedad valenciana se une en un clamor por la protección de los más vulnerables: los menores que son víctimas del "terrorismo de género". En el marco del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, las diferentes organizaciones y personas condecoradas por la Generalitat han exigido no solo un enfoque integral hacia esta problemática, sino también la implementación de una prisión permanente revisable para los delincuentes que atentan contra la vida de mujeres y niños.

El evento institucional, que tuvo lugar el miércoles 4 de diciembre en el Palau de la Generalitat, se celebró con un retraso de una semana debido a los impactos de la dana que afectaron a la provincia de Valencia el 29 de octubre. El acto, presidido por Carlos Mazón, jefe del Consell, y Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Igualdad, fue una ocasión para rendir homenaje a las víctimas y reafirmar el compromiso hacia la erradicación de la violencia machista.

Durante la entrega de los premios, se recordó con profunda tristeza a las siete mujeres que perdieron la vida a causa de la violencia de género en la Comunitat Valenciana a lo largo del año 2024. Los nombres, que serán un recuerdo imborrable para la sociedad, incluyen a Florica y su hijo Gabriel, Rocío de la Palma, Rosa María, Juliana Denise, Margarita, Lorena Pilar y Cloe, quienes representan solo una fracción del sufrimiento causado por esta problemática.

En esta segunda edición de los galardones, se reconoció la trayectoria del magistrado Vicente Magro, quien ha sido un firme defensor de la lucha contra la violencia de género, calificándola como "terrorismo de género". Magro aboga por la prisión permanente revisable para los agresores, enfatizando que estos crímenes no pueden ser tratados como simples homicidios, dado el contexto específico en que ocurren.

El magistrado también levantó la voz contra el "silencio cómplice" de sectores de la sociedad y destacó iniciativas implementadas en Alicante durante más de dos décadas, como programas destinados a la reinserción de agresores y apoyo a las víctimas a través de videoconferencias, que buscan ofrecer una respuesta efectiva a este grave problema social.

Chelo Alvárez, presidenta de la asociación Alanna, subrayó la importancia de visibilizar la situación de las víctimas y su temor por el bienestar de sus hijos, manifestando que los menores deben ser reconocidos como víctimas. Su llamada a la acción busca asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por la violencia machista, que a menudo permanecen desprotegidos y olvidados en el proceso.

Desde Save the Children, Rodrigo Hernández alertó sobre la presencia constante de niños en el contexto de la violencia, un hecho que podría agravarse con el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Hernández enfatizó la necesidad de educar a los jóvenes sobre relaciones sanas e instó a que la pornografía no sea la única fuente de información sobre sexualidad.

La Fundación Fernando Pombo también aportó al debate, con su presidente, Manuel Martín, haciendo hincapié en la importancia de una "abogacía responsable" que no solo actúe en el ámbito judicial, sino que se considere proactiva en la prevención y mitigación de los efectos del abuso.

Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, expresó su indignación ante la negación de la violencia de género por parte de ciertos grupos políticos y el impacto negativo de discursos radicales que criminalizan a todos los hombres. Remarcó la necesidad de enfrentar la violencia con soluciones firmes, evitando que las mujeres pierdan su dignidad como individuos en la sociedad.

La vicepresidenta Camarero subrayó que sigue siendo necesaria una lucha constante y un esfuerzo colectivo para erradicar esta problemática, llamando a la responsabilidad social y recordando que las víctimas nunca están solas en su lucha. Terciando en el tema, también se reiteró la necesidad de abastecer a las mujeres del mundo rural con los recursos necesarios para su protección.

Para finalizar el acto, Carlos Mazón recordó que, aunque la reciente dana haya traído consecuencias devastadoras, no puede eclipsar la urgencia de abordar la violencia machista. Resaltó que se están implementando nuevos recursos para la atención de víctimas, como tres centros integrales en Alicante, Castellón y Valencia, financiados por fondos europeos, reafirmando el compromiso del gobierno hacia esta lucha.

Desde que se comenzó a contabilizar en 2003, se han registrado 1.288 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en España, con 161 en la Comunitat Valenciana. Esta alarmante cifra subraya la necesidad de una acción decidida y efectiva por parte de la sociedad y las instituciones para poner fin a una cruel realidad que ha dejado 467 huérfanos desde 2013 a nivel nacional, ya que cada muerte es una tragedia que resuena en nuestras comunidades.