En una reciente controversia en Oliva, la situación política ha cobrado protagonismo con la visita del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a las obras del nuevo Centro de Salud Sant Francesc. Durante este evento, un grupo de aproximadamente veinte manifestantes ha expresado su descontento al grito de 'Mazón dimisión', lo que el propio presidente ha calificado como un 'comité de bienvenida político'.

Mazón, acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, no ha escatimado en ironías al referirse a la protesta, señalando que los políticos de Compromís y del PSOE estaban allí para llevar a cabo un 'escrache'. Este término ha sido usado por el presidente para deslegitimar la manifestación y enfatizar que su enfoque ha sido la apertura de un nuevo centro de salud.

El presidente ha mantenido que aquellos que critican su gestión son los mismos que no lograron construir el centro en el pasado, y ha resaltado la diferencia entre su trabajo y las acciones de la oposición. 'Los que sabemos trabajar por la sanidad pública estamos perpetrando una labor y otros solo se especializan en escraches', ha declarado Mazón.

Por su parte, la representante de Compromís en Oliva, Yolanda Navarro, ha criticado la falta de comunicación por parte de la alcaldesa sobre la visita del presidente, quien, según ella, llegó con poca antelación para evitar una mayor movilización ciudadana. Navarro ha destacado la aparente falta de transparencia en la gestión de Mazón, sugiriendo que la visita fue un intento de eludir la oposición pública que podría haberse formado.

Navarro, quien también estuvo presente en la manifestación, ha defendido que su grupo simplemente deseaba hacerle notar al presidente la creciente insatisfacción entre los valencianos. Ha afirmado que la Policía restringió el acceso de los manifestantes al centro de salud, incluso pese a que su protesta se estaba llevando a cabo de manera pacífica.

Con relación al nuevo centro de salud, la portavoz ha sostenido que la responsabilidad de su construcción no recae en el actual gobierno, ya que el proyecto fue iniciado por la administración anterior de Compromís y el PSPV tras múltiples esfuerzos durante ocho años. La situación en Oliva ilustra un claro conflicto entre la gestión del actual gobierno y las críticas de la oposición, que continúa demandando cambios significativos en la administración regional.