València inicia la adaptación del PGOU para flexibilizar usos en la huerta
El Ayuntamiento de València ha aprobado el proceso para someter a información pública la memoria que adapta el Plan General de Urbanismo (PGOU) al Plan de Acción Territorial de la Huerta (PAT). La iniciativa, que se abrirá durante 45 días hábiles, busca resolver incoherencias normativas que dificultan la protección y el uso tradicional de este espacio agrícola. La publicación será en el DOGV y en la web municipal.
Este paso forma parte de un proceso iniciado en 2020, tras una moción que pretendía coordinar las normativas territoriales y municipales para facilitar actuaciones en la huerta. La adaptación no modifica las protecciones existentes, pero sí unifica los instrumentos normativos en un solo documento, simplificando su interpretación y aplicación.
Actualmente, la coexistencia del PGOU y el PAT genera confusión y dificultades prácticas, ya que en algunos casos prevalece la normativa más restrictiva, lo que frena posibles desarrollos. La nueva propuesta busca clarificar estos aspectos y ofrecer una referencia única para actuaciones futuras en el suelo agrícola.
El proceso, sin embargo, ha generado rechazo en ciertos sectores. La coalición Compromís denuncia que la adaptación podría desproteger zonas clave, facilitar la turistificación y promover actividades no agrícolas, como alojamientos turísticos y restauración, en áreas que conservan su carácter rural y medioambiental. La formación advierte que ello puede erosionar la función agrícola y social de la huerta a largo plazo.
Desde una perspectiva política, la iniciativa responde a un interés del gobierno local del Partido Popular y Vox, alineado con una tendencia a flexibilizar normativas urbanísticas en zonas vulnerables. La oposición ve en ello un riesgo de mercantilización y pérdida del patrimonio agrícola, en un contexto donde el gobierno autonómico del Botànic ha impulsado mayor protección para la huerta.
El futuro de la protección de la huerta dependerá del desarrollo de este proceso y de las interpretaciones que se hagan en la aplicación práctica. La polémica refleja la tensión entre el interés económico y la conservación del patrimonio rural, que puede marcar la política urbanística en València en los próximos años.