VALÈNCIA, 25 de octubre.

El fuerte embate de la DANA ocurrido el pasado 29 de octubre ha dejado un legado de desafíos en diversos sectores de la sociedad, incluyendo el sistema judicial. La tragedia ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reformar y establecer un protocolo renovado para afrontar emergencias de esta índole, así como de implementar soluciones tecnológicas que garanticen que ni las víctimas ni los arrestados queden desprotegidos. La colaboración entre distintos órganos judiciales y profesionales del ámbito legal, ya existente antes del desastre, se ha intensificado a raíz del mismo.

Entre las lecciones aprendidas en los tribunales valencianos tras la inundación, destaca la rápida respuesta ante un evento de esta magnitud. Con juzgados devastados y un preocupante aumento en el número de detenciones por robos que acompañaron a la catástrofe, la situación se volvió crítica, sumando un trágico total de 229 fallecidos. El juez decano de Valencia, César Calvé, compartió con Europa Press su perspectiva sobre la crisis, afirmando: “¿Quién, ante un evento así, no entrega lo mejor de sí mismo? La tragedia influyó a todos, por eso la comunidad se unió.”

Calvé subrayó la importancia del voluntariado, que se manifestó en un instante de necesidad, convirtiéndose en un ejemplo de solidaridad. En su análisis de la respuesta judicial a esta calamidad, destacó no solo el lamento por las vidas perdidas, sino también por los extensos daños materiales. “Desde que asumí el cargo, jamás había presenciado una situación tan impactante”, sentenció.

Como miembro habitual de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Calvé asumió la responsabilidad junto a sus colegas de coordinar la actividad de los juzgados que se mantuvieron operativos. Asimismo, brindaron apoyo a aquellos que sufrieron los embates de la tormenta.

Los daños en varios juzgados, especialmente en Catarroja, Torrent y Requena, fueron devastadores, en particular en Catarroja donde no contaban con una infraestructura adecuada. “Desde el día siguiente a la tormenta, el 30 de octubre, iniciamos sesiones extraordinarias para implementar medidas urgentes en los partidos judiciales más impactados, especialmente en Catarroja”, explicó el juez.

Sobre el juzgado de Torrent, Calvé detalló que aunque las instalaciones no fueron gravemente afectadas, sí presentaban serios daños y era necesario atender otras áreas cercanas que también habían sufrido. En el caso de Requena, los principales retos fueron las interrupciones en las comunicaciones.

El enfoque inicial del sistema judicial se centró en asegurar la continuidad del servicio de guardia. “Era crucial poder proceder con los levantamientos de cadáveres y la identificación de los mismos. La prioridad era garantizar que el sistema funcionara rápidamente para devolver los cuerpos a sus familias”, comentó el decano.

“En ningún momento se interrumpió el servicio de guardia en lugar alguno”, se reafirmó, indicando que mientras Requena y Torrent mantuvieron su actividad, Catarroja requirió acción inmediata. Se decidió habilitar una zona en la Ciudad de la Justicia de València como juzgado de guardia provisional para esta localidad.

El 3 de noviembre, este espacio ya estaba en funcionamiento. “La respuesta administrativa para adecuar sedes afectadas fue excepcionalmente rápida. Se transformó la Junta Electoral Provincial de València en un juzgado de guardia, permitiendo accesos y seguridad, y se mantuvo esta medida hasta agosto, momento en el que se pudo volver a Catarroja”, detalló.

Posteriormente, la actividad judicial ordinaria de Catarroja fue reinstaurada, autorizándose un área en la Ciudad de la Justicia de València a finales de noviembre. “Se habilitó un espacio interior y se trabajó bien en la adaptación. Hicimos todo lo posible dentro de las limitaciones de espacio para que pudieran retomar su labor de manera óptima”, valoró Calvé.

La rapidez fue igualmente vital para atender a los casi 500 detenidos por saqueos que surgieron solo uno o dos días después de la inundación, hasta el 15 de noviembre, según datos oficiales. Para ello, resultó imprescindible que el juzgado de guardia continuara operando “de manera adecuada”.

En cuanto a los arrestados en zonas afectadas por la riada a las que no se podía acceder, como Torrent, se organizó su traslado a un espacio en la Ciudad de la Justicia donde podían conectarse por videoconferencia con el juez de guardia de Torrent. Este sistema permitía que se escuchara su declaración y se adoptaran las decisiones judiciales correspondientes. “Todo fue gestionado telemáticamente”, apuntó el juez decano.

Este mecanismo se utilizó durante los primeros días después del desastre, con unos 15 detenidos en ese periodo. “No fue solo València la que intervino, sino que este modelo se extendió a otros juzgados que también ofrecieron su infraestructura, como Paterna o Llíria”, precisó.

“Los detenidos se encontraban físicamente en Paterna o Llíria, desde donde declaraban mediante videoconferencia, y el juez correspondiente dictaba las resoluciones necesarias para cada caso”, resumió. Esto fue fundamental para asegurar el cumplimiento de los plazos, recordando que este tipo de sistema ya se había implementado previamente, durante la crisis de la COVID-19. “La experiencia adquirida fue valiosa y los juzgados se han acostumbrado a este formato, el cual está en continuo crecimiento”, concluyó.

El juez decano destacó que ya existía un protocolo de respuesta ante grandes catástrofes del Consejo General del Poder Judicial y otro del TSJCV, que sirvieron de guía. Sin embargo, la magnitud del desastre fue “muy singular” y requirió decisiones rápidas y efectivas. “Tuvimos que tomar numerosas decisiones en la sala de Gobierno. Proponíamos acciones al Consejo y se ratificaban de inmediato”, declaró.

“Se trataba de una situación sin precedentes. No se parecía a un incendio o a la caída de un avión. La inundación abarcó gran parte de la provincia de Valencia y tuvo consecuencias significativas en términos de pérdida de vidas y daños materiales”, expuso.

A partir de la experiencia vivida tras la DANA, se ha procedido a actualizar y aprobar un nuevo protocolo en el TSJCV. “Se ha creado un protocolo dinámico, que incorpora mejoras surgidas de esta experiencia, útil para futuras alertas rojas en Valencia. En el pasado octubre, ya aplicamos este nuevo protocolo y respondimos de manera eficaz”, indicó.

Se han establecido directrices sobre el cierre de edificios judiciales en casos de emergencias y catástrofes, así como sobre competencias y procedimientos de desplazamiento. “La prioridad sigue siendo proteger la integridad de las personas y evitar riesgos innecesarios”, afirmó Calvé, resaltando que esta premisa es fundamental para el nuevo protocolo y la actuación de los jueces en Valencia.

La DANA, concluyó, fue “un evento inesperado, para el cual no estábamos preparados. La respuesta del sistema judicial ha sido ayudar y agilizar procesos para el bienestar del ciudadano”. “Sin lugar a dudas, esta experiencia ha dejado una huella profunda en mi trayectoria profesional, es complicado separar lo personal de lo profesional en circunstancias como estas”, finalizó.