VALÈNCIA, 27 de diciembre.

El defensor del pueblo valenciano, conocido como el Síndic de Greuges, ha hecho un llamado al Ayuntamiento de València para que proporcione a la coalición Compromís una lista detallada de los apartamentos turísticos que han sido clausurados desde que María José Catalá asumió la alcaldía.

Esta recomendación se produce después de que la coalición presentara una queja, argumentando que no se le había otorgado la información solicitada. Desde el 20 de mayo de 2025, la alcaldesa ha declarado que alrededor de mil apartamentos turísticos ilegales han sido cerrados durante su mandato.

Frente a estas afirmaciones, Compromís solicitó la entrega de un listado completo que incluya la ubicación específica de cada uno de los apartamentos clausurados. Sin embargo, ante la falta de respuesta del gobierno municipal, la coalición decidió elevar el caso a la Alcaldía y posteriormente presentar una queja al Síndic de Greuges.

En una resolución emitida el 15 de diciembre y a la que tuvo acceso Europa Press, el Síndic instó al Ayuntamiento a cumplir con la solicitud hecha el 5 de septiembre y a facilitar la información requerida.

El Síndic subrayó que el concejal que presentó la queja es un representante del Ayuntamiento de València y que la legislación en vigor garantiza su derecho a acceder a la información necesaria para el desempeño de sus responsabilidades públicas.

“Cuando los funcionarios electos se encuentran con dificultades para llevar a cabo sus funciones, no solo se viola su derecho a ejercer su cargo, sino que también se impiden indirectamente los derechos de los ciudadanos para participar en la vida pública, lo que es fundamental en nuestra democracia”, argumentó la institución en su resolución.

Después de conocer la decisión del Síndic, Ferran Puchades, concejal de Compromís per València, expresó su satisfacción y resaltó que, en el periodo de vigencia de la moratoria, más de 1,200 nuevos apartamentos han abierto, lo que, según él, pone de manifiesto la falta de acción efectiva por parte de la alcaldía.

Puchades criticó la gestión de Catalá, afirmando que su enfoque para controlar estos alojamientos se reduce a meras palabras y anuncios sin sustancia. El concejal argumentó que el gobierno municipal se burla de los representantes ciudadanos y de instituciones como el Síndic, ya que aseguraron haber proporcionado la documentación necesaria, pero solo enviaron un correo vacío sin información adecuada.

El concejal de Urbanismo, según Puchades, admitió que la recopilación de la información requería un trabajo arduo, lo que contradice la obligación de la administración de facilitar la información a los concejales. “Esto demuestra que la concejalía no tiene un control real sobre los apartamentos que ha cerrado”, remarcó el edil de Compromís.

Además, enfatizó que las declaraciones de la alcaldesa sobre los cierres de apartamentos no estaban respaldadas por datos concretos, sugiriendo que sus afirmaciones eran más bien impulsos propagandísticos carentes de evidencia objetiva.

Finalmente, el concejal concluyó recordando que el Síndic ha ordenado la entrega de la información solicitada y aseguró que, si la alcaldesa tenía acceso a esos datos, los demás concejales también deberían tenerlo. “Ahora veremos la veracidad de las declaraciones de Catalá sobre su gestión respecto a los apartamentos turísticos. Aunque ha hablado de numerosas inspecciones y multas, en los registros del Ayuntamiento solo se documentan 28 sanciones y 34 expedientes resueltos”, finalizó.