VALÈNCIA, 27 de diciembre.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acogido con satisfacción la reciente decisión de la Unión Europea de incluir al sector azulejero en el sistema de compensación de costes indirectos de CO2 a partir de 2026. Sin embargo, ha calificado esta medida como "insuficiente" para mitigar el impacto del "hachazo energético" que enfrenta el sector.

Durante un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa el 17 de diciembre, el líder del Consell solicitó al Ejecutivo un compromiso firme para impulsar esta ayuda. Ahora, exige que se asignen los recursos necesarios al sistema de compensación, para que así un mayor número de empresas electrointensivas del sector puedan beneficiarse de estas ayudas con sumas sustanciales.

Pérez Llorca ha enfatizado en un comunicado que este pedido es solo una de las muchas demandas planteadas a Sánchez sobre el sector cerámico, las cuales se integran en un documento que detalla 100 medidas para la Comunitat Valenciana. Resaltó que la petición más importante es el apoyo a la cerámica española para prevenir las pérdidas que enfrenta el azulejo debido al nuevo régimen de derechos de emisión, un factor que considera una grave amenaza para la industria.

En este contexto, el presidente ha subrayado que el verdadero desafío radica en el Régimen de Comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Por ello, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno español proteja los intereses de la industria cerámica y cabildee para suspender dicho régimen.

Asimismo, ha reiterado su solicitud de no ejecutar los recortes planeados en las retribuciones de la cogeneración, advertiendo que esto conllevaría "pérdidas millonarias" para un sector que ya se encuentra severamente afectado por la sobre-regulación impuesta por Bruselas.

Para el presidente de la Generalitat, es esencial "continuar respaldando a un sector que ha sido golpeado por las circunstancias actuales y que precisa de medidas que garanticen su supervivencia". Esto implica establecer "un marco legal y energético que sea justo y realista", y también "proteger al azulejo de la Comunitat Valenciana de competidores externos que no enfrentan las mismas exigencias que las industrias locales".