La Generalitat Valenciana se encuentra defendiendo su postura en relación a los cuestionamientos que han surgido en torno a la gestión de la Societat Valenciana Fira València, SA, especialmente en lo que respecta a la subrogación de personal, un proceso desarrollado bajo el marco de actuación del Botànic.

VALÈNCIA, 11 de marzo. Recientemente, el Tribunal de Cuentas ha iniciado diligencias relacionadas con las remuneraciones y dietas indebidas que habrían sido cobradas por parte de algunos directivos de Fira València, según han informado medios de comunicación y han corroborado fuentes cercanas al asunto a Europa Press.

Esta acción judicial surge a raíz de un informe de la Sindicatura de Comptes, que reveló varias irregularidades en las cuentas de la entidad, entre ellas, el exceso de retribuciones para ciertos cargos directivos, que superan los umbrales establecidos por la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023, en específico para los puestos de categoría A1.

Además, el informe no solo destaca el notable sobrepago del director general, sino que también menciona que las dietas y gastos que han percibido los empleados exceden las cifras fijadas por el Decreto 24/1997, que regula las indemnizaciones por razón del servicio.

Por su parte, la Conselleria de Innovación ha confirmado que ha recibido notificación del Tribunal de Cuentas, el cual ha apuntado a una serie de cuestiones de carácter administrativo reflejadas en el informe sobre el ejercicio financiero de Fira València en 2023.

Estas informaciones han indicado que, tras la denuncia del Tribunal de Cuentas, la entidad pública tuvo la oportunidad de presentar sus alegaciones, proceso que fue completado adecuadamente. Sin embargo, hasta el momento no ha sido definida una fase de instrucción formal por parte del Tribunal.

Las autoridades de la Conselleria han resaltado que las inquietudes planteadas por la auditoría se relacionan con los procesos de subrogación de personal implementados en este año, el cual se ejecutó según lo establecido por el actual gobierno, y que el informe evalúa la situación a partir del 6 de mayo de 2023, en el momento crítico de la subrogación.

Desde Fira València, se niega cualquier tipo de responsabilidad en este asunto, asegurando que todas las acciones realizadas se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente.

Específicamente, se ha señalado que entre las líneas de investigación se encuentra la crítica hacia la falta de una relación de puestos de trabajo, que está en proceso de negociación y pendiente de aprobación, así como la ausencia de informes para el presupuesto correspondiente a gastos de personal, aunque se han aprobado recientemente algunos presupuestos que incluyen estos gastos.

Asimismo, se ha manifestado sobre la existencia de salarios que notoriamente superan los límites establecidos por la legislación pública, aunque se ha enfatizado que estos se congelaron en noviembre de 2023. También se abordó la cuestión de complementos salariales fuera de lo estipulado en los convenios, lo cual se evita con la aprobación de la relación de puestos de trabajo.

La Conselleria ha destacado que las discrepancias sobre el pago de kilometraje y dietas para los trabajadores, que exceden lo permitido por la Generalitat, son consideradas por los servicios jurídicos de la empresa como derechos adquiridos. Sin embargo, está previsto que se resuelva esta disputa con la intervención correspondiente y se ha comunicado al comité de empresa la intención de ajustarse a la normativa adecuada.

Desde la Conselleria, se ha declarado que las denuncias se sitúan dentro del marco legal de subrogación de trabajadores y sus derechos, un proceso que Fira València ha llevado a cabo en cumplimiento de la ley tras la cesión de activos y pasivos de Feria Muestrario Internacional de Valencia en mayo de 2023.

Este proceso de cesión fue respaldado por los ex miembros del Consell, incluidos los consellers de Economía Sostenible y la vicepresidencia, Rafael Climent y Aitana Mas, respectivamente.

En virtud de un acuerdo establecido en marzo de 2023, la nueva entidad asumió de manera íntegra la plantilla de la anterior Feria Valencia, comprometiéndose a mantener todos los derechos de los trabajadores transferidos, incluyendo salarios y derechos en términos de seguridad social, conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Días antes del cambio de gobierno en julio, que otorgó el control al Partido Popular, la administración actual defendió que los documentos oficiales de la transición garantizan que “todos los trabajadores pasan a la nueva empresa con sus derechos intactos”, además de recordar que el Estatuto de los Trabajadores protege estos mismos derechos en situaciones de subrogación.