VALÈNCIA, 26 de octubre.

Un fenómeno preocupante ha emergido en la Fiscalía Provincial de Valencia: el aumento de delitos de odio por aporofobia, que se refiere al rechazo y odio hacia las personas en situación de vulnerabilidad económica. Este tipo de delitos ha pasado de ser asuntos menores a someterse a un escrutinio judicial formal, mientras que las investigaciones por antisemitismo han aumentado, en gran medida debido a la guerra en Gaza.

La información proviene del informe de la Fiscalía de Valencia, particularmente de la sección de odio y discriminación, bajo la dirección de la fiscal Susana Gisbert, que ha sido revelada por Europa Press.

En el análisis del año 2024, se destacan un total de 152 diligencias de investigación en la sección de delitos de odio, que incluye 39 casos archivados, 20 denuncias y 93 que han sido remitidas a los juzgados o a otros órganos judiciales. De las diligencias abiertas, 17 se referían a delitos de incitación al odio, y todas ellas vinculadas a comportamientos en redes sociales.

Además, se iniciaron 110 diligencias relacionadas con humillaciones, que abarcan lesiones y amenazas; seis por negación de prestaciones; y otros 15 casos que incluyen delitos como robo y coacciones. También se abrió un expediente por la revelación de secretos y otro para hechos que no encajaron en categorías delictivas conocidas.

La fiscalía ha observado que la mayoría de los casos de delitos de odio están relacionados con la discriminación por motivos raciales y xenofóbicos, lo que incluye actos de islamofobia, con 79 diligencias registradas. Las denuncias de LGTBIfobia también han tenido un incremento, llegando a 43 casos, incluyendo algunos combinados con xenofobia.

En el ámbito de otros delitos motivados por la ideología, se registraron siete casos, con un leve aumento en comparación al año pasado. Las denuncias por discapacidad ascendieron a cinco y cuatro por motivos de género, combinando en uno de estos casos con edadismo, lo que supone un aumento considerable.

Aunque la aporofobia se incluyó en el Código Penal en 2021, los casos reportados son limitados y hasta ahora se han registrado apenas tres diligencias. Gisbert ha subrayado que la aporofobia sigue siendo un fenómeno poco conocido, ya que muchas personas no entienden el término acuñado por la filósofa Adela Cortina.

Según Gisbert, este tipo de discriminación está marcado por una notable infradenuncia, ya que las víctimas suelen ser vulnerables y carecen de apoyo. Señaló que es fundamental que quienes sean testigos de estos delitos se atrevan a denunciarlos, no solo por razones éticas, sino como una obligación ciudadana.

La fiscal también ha hecho un llamado urgente a la sociedad para que se movilice y actúe ante casos de aporofobia, enfatizando que hay que romper la inercia de la indiferencia.

Además, Gisbert alertó sobre los desafíos que representan las redes sociales en la visibilización de estos crímenes, ya que muchas veces los eventos se graban para ser compartidos en línea, lo que agrava el sufrimiento de las víctimas.

La memoria también destaca un aumento del antisemitismo, exacerbadado por la situación actual en Gaza, y señala que la confusión entre el Estado de Israel y la comunidad judía ha contribuido a este fenómeno de odio.

En relación al antigitanismo, a pesar de su inclusión en el Código Penal, las diligencias son prácticamente inexistentes, con solo un caso registrado. Otros grupos discriminados, como aquellos por religión y lengua, también han presentado acusaciones en menor medida.

En cuanto al lugar donde se cometieron estos delitos, 27 diligencias están relacionadas con hechos ocurridos en Internet, y varias de ellas en el ámbito deportivo. La gran mayoría de los casos, sin embargo, ocurrieron en entornos físicos.

A nivel de recursos, el informe revela la falta de personal especializado en la sección de delitos de odio y la necesidad de implementar herramientas informáticas que faciliten el trabajo de los fiscales.

Se han propuesto medidas para fortalecer la protección a las víctimas de delitos de odio, con el objetivo de promover más denuncias y concienciar sobre la necesidad de actuar frente a situaciones de vulnerabilidad.

También se ha planteado la regulación de medidas de alejamiento para los autores de delitos de odio y la importancia de legislar para obligar a los condenados a realizar cursos sobre igualdad, siguiendo el modelo de la violencia de género.

En el balance del año, Susana Gisbert ha calificado el 2024 como un periodo “lleno de luces y sombras” para los delitos de odio, con un alto número de condenas, aunque también con la percepción de que estos delitos están en aumento, algo que ella atribuye a una mayor concienciación que lleva a la denuncia de estos actos atroces.