El TSJCV obliga a la UV a respetar la libre elección de lengua cooficial en sus comunicaciones internas

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado el inciso que obligaba a dirigir las comunicaciones internas de la Universitat de València exclusivamente en valenciano. La sentencia reconoce el derecho de su personal a recibir esas comunicaciones en la lengua cooficial que elija, castellano o valenciano, sin condiciones ni requisitos añadidos.

El fallo resuelve un recurso de casación presentado por varios catedráticos de la institución contra una sentencia dictada en 2024 por la Sección Segunda del propio tribunal. La Sala revoca ese criterio y confirma la decisión de primera instancia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia. La resolución es firme y ya ha sido notificada a las partes.

El origen del conflicto está en una modificación de junio de 2023 del artículo 10 del Reglamento de Usos Lingüísticos, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UV en 2014. Esa reforma establecía que los documentos internos se redactarían solo en valenciano, en razón del deber estatutario de conocer la lengua propia de la universidad. El tribunal considera que esa previsión otorgaba una preferencia injustificada a una de las lenguas cooficiales frente a la otra.

El criterio de la Sala se apoya en la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que rechaza cualquier condicionante al uso del castellano como lengua oficial del Estado. Según los magistrados, la cláusula de salvaguarda incluida en el acuerdo anulado no basta para restablecer el equilibrio entre ambas lenguas, porque no corrige el problema de fondo.

La sentencia no es unánime. Uno de los magistrados emitió un voto particular que proponía revocar solo en parte la sentencia anterior y conceder a la UV un plazo para adaptar su reglamento. Según esa postura, la universidad debería incorporar expresamente el derecho a recibir en castellano las respuestas a sus escritos y la traducción de documentos cuando se solicite. La mayoría, sin embargo, considera que la anulación del acuerdo era la única salida posible.

El fallo tampoco amplía su alcance a los estudiantes ni a los ciudadanos que se relacionan con la universidad. El tribunal entiende que esa petición excede el círculo de afectados por el acuerdo anulado, de modo que la decisión se limita al personal de la institución. Queda así abierta la cuestión de si la universidad deberá revisar otros aspectos de su política lingüística en los próximos meses.

Más allá del caso concreto, la resolución confirma que el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en la administración valenciana sigue activo. Las instituciones públicas deberán ajustar sus normas internas al principio de igualdad entre el castellano y el valenciano, con el reto añadido de hacerlo sin vulnerar la protección de la lengua propia de la Comunidad.