El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha lanzado una contundente propuesta para juzgar al exministro José Luis Ábalos, al exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Esta acción responde a supuestas irregularidades que rodean los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la crisis sanitaria que enfrentó el país.

En un auto emitido este lunes y difundido por Europa Press, Puente ha establecido un plazo de diez días para que la Fiscalía y las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, presenten sus solicitudes de archivo o sus escritos de acusación, así como las diligencias complementarias pertinentes.

El magistrado ha indicado que los hechos en cuestión podrían ser reflejo de delitos graves, como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

Puente sostiene que los tres implicados se unieron, poco después de que Ábalos asumiera su cargo como ministro, para beneficiarse de forma ilícita de las adjudicaciones de contratos en el ámbito público, aprovechando su posición y la influencia que esta conlleva.

Esta decisión del juez se produce tras haber separado la causa del caso, dejando en la parte principal aquellas vinculadas a los contratos de mascarillas, mientras que las investigaciones sobre cobros de comisiones relacionadas con obras públicas se trasladaron a una pieza distinta.

El magistrado ha manifestado que existen indicios sólidos de que De Aldama entregó diversas sumas de dinero a Ábalos y García con el objetivo de inducir actos que contravinieran los deberes inherentes a sus funciones públicas.

Además, ha señalado que hay pruebas de que ambos recibieron compensación económica como parte de un plan delictivo, incluyendo pagos que García recibió desde la República Dominicana.

Según Puente, De Aldama, identificado como el presunto intermediario del caso, tenía la responsabilidad de localizar a quienes estarían dispuestos a realizar pagos para tener contacto con la Administración, de manera que obtendría un beneficio personal.

Sobre Koldo, indica que este, en su rol de asesor, efectuaba las gestiones necesarias, reservando la intervención directa del ministro para los casos donde su influencia era indispensable.

PUENTE DESMIENTE QUE ÁBALOS IGNORARA LO QUE HACÍA KOLDO

El magistrado apunta que Ábalos, que posiblemente colaboró con García y De Aldama, podría haber gestionado la adquisición de mascarillas durante la pandemia a cambio de recibir sobornos, a través de diferentes entidades vinculadas al Ministerio de Transportes.

Puente además sostiene que De Aldama, beneficiándose de su relación personal con ambos, pudo haber tenido acceso a información privada que le permitió presentar una oferta muy favorable para la empresa Soluciones de Gestión.

El contrato fue aceptado tanto por Puertos del Estado, que compró ocho millones de mascarillas, como por Adif, que adquirió cinco millones. Koldo jugó un papel esencial al coordinar las comunicaciones con Puertos del Estado, siempre con la aquiescencia de Ábalos.

Las entidades seleccionadas para realizar estas compras fueron elegidas por su buena situación financiera, según el magistrado. La orden para comprar a través de Puertos del Estado, emitida el 20 de marzo de 2020, comenzó inicialmente con un pedido de cuatro millones de mascarillas, pero se duplicó a instancias de De Aldama, con la aprobación de ambos implicados.

Puente también manifiesta que es totalmente imposible que Ábalos, quien tenía el poder de decisión, no estuviese al tanto de las actividades de su asesor.

Además, ha aparecido una “hoja de Excel” en poder de De Aldama con anotaciones que revelan los beneficios solicitados por Ábalos, ascendiendo a dos millones de euros, así como otras expectativas económicas de García.

DE LA EX DE ÁBALOS A LAS GESTIONES SOBRE AIR EUROPA

El magistrado detalla un presunto pacto entre los investigados que proporciona indicios de repetidos delitos, sosteniendo que De Aldama entregaría regularmente dinero a García y a Ábalos, corroborado por un análisis patrimonial que apunta a ingresos sin justificación.

Puente subraya la inusual y cercana conexión financiera entre Ábalos y Koldo, citando que García habría cubierto gastos personales del exministro, como pensiones o viajes, que totalizaban cerca de 95.000 euros.

En su análisis, el juez también destaca que no se han encontrado registros de reintegros de esos pagos de Ábalos a García, sugiriendo una conexión con fuentes de ingresos irregulares que vinculan a De Aldama.

Así mismo, incluye en su examen el alquiler de un piso para Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y otras gestiones irregulares relacionadas con contratos y ayudas durante la pandemia para empresas vinculadas.

Las maniobras no se limitan a los contratos de mascarillas, también abarcan rescates económicos en el ámbito de Air Europa y otras gestiones a favor de empresas de hidrocarburos y el manejo de deudas fiscales, lo que pinta un cuadro preocupante de corrupción dentro de la administración pública durante uno de los momentos más críticos de la reciente historia de España.